El Gobierno postergó el nuevo IPC en medio de internas y tensiones tras la salida de Lavagna del INDEC

Tras la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Ministerio de Economía confirmó que la implementación de la nueva metodología para medir la inflación será postergada. Así lo indicó el titular de la cartera, Luis Caputo, quien señaló que la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no se pondrá en marcha en el corto plazo.

“Marco estaba trabajando en la nueva metodología y tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado”, afirmó Caputo en declaraciones radiales. En ese marco, explicó que el Ejecutivo considera que no resulta necesario introducir modificaciones inmediatas en el indicador. “La visión nuestra es que no hay necesidad de cambiar el índice ahora”, sostuvo.

Las definiciones del ministro contrastaron con lo que había anticipado el propio INDEC horas antes, cuando desde el organismo se había señalado que el dato de inflación de enero se difundiría utilizando el nuevo índice. “Por el momento no hubo ninguna modificación, se mantiene la fecha del 10 de febrero”, habían indicado desde la entidad estadística respecto del estreno de la actualización.

Marco Lavagna, ex titular del INDEC.

Caputo remarcó que, según las evaluaciones oficiales, las diferencias entre el índice vigente y el nuevo serían acotadas. “El año pasado daban prácticamente lo mismo. Enero daba un poco más abajo el índice nuevo. Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”, agregó.

La actualización del IPC había sido anunciada por el INDEC en octubre, junto con la publicación del índice correspondiente a septiembre. En esa oportunidad, el organismo explicó que el inicio de un nuevo año calendario era el momento más adecuado para introducir cambios metodológicos, ya que facilitaba las comparaciones interanuales y el seguimiento de la inflación acumulada.

El nuevo esquema incorpora modificaciones relevantes. Entre ellas, la ampliación de las divisiones que componen el índice —que pasarán de 12 a 13— y la adopción de clasificaciones internacionales, con la inclusión de seguros y servicios financieros como rubro independiente. Además, se revisa la canasta de bienes y servicios para reflejar hábitos de consumo más actuales, a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, en reemplazo de la referencia de 2004-2005.

Con estos cambios, se reduce el peso relativo de alimentos y bebidas y de la indumentaria, mientras aumenta la incidencia de los servicios, como telefonía móvil, plataformas de streaming, transporte, vivienda, alquileres y tarifas. El rediseño responde a estándares internacionales que recomiendan actualizar las ponderaciones cada cinco o diez años para evitar desfasajes.

Tensiones

En el plano institucional, la postergación del nuevo IPC aparece vinculada a las tensiones que atravesaron la gestión de Lavagna. Según reconstrucciones oficiales brindadas por el diario Clarín, existieron diferencias recurrentes con el área económica, encabezada por Caputo, así como debates internos sobre el momento político y técnico adecuado para lanzar la nueva medición.

A ello se sumaron presiones dentro del propio organismo para preservar la autonomía técnica y evitar interferencias políticas, un tema sensible en el INDEC por antecedentes de intervenciones pasadas. También influyeron las dificultades para sostener recursos humanos especializados en un contexto de ajuste del gasto público, con salarios que, según fuentes oficiales, complican la retención de técnicos altamente calificados.

En ese marco, la actualización del índice de inflación se convirtió en uno de los ejes más delicados de la discusión. Si bien no había cuestionamientos técnicos de fondo sobre la elaboración del IPC vigente, sí existían debates sobre las ponderaciones de los distintos consumos y su impacto en el resultado final.

Mientras el Banco Central anticipó que el nuevo índice sería menos sensible a las variaciones del tipo de cambio y más influido por tarifas, alquileres y salarios, desde el Gobierno ratificaron que la medición actual continuará en uso. La decisión se adopta en paralelo a la reorganización del INDEC tras la salida de Lavagna, en un contexto en el que confluyen disputas técnicas, definiciones políticas y la estrategia oficial para sostener la desaceleración de la inflación.